sábado, abril 13, 2024
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Tribunal decide mantener en prisión al exprocurador Jean Alain Rodríguez

Santo Domingo RD.- Al recibir este lunes un requerimiento del Ministerio Público, el Juzgado Tercero de Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva para el imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado de dirigir una red de corrupción administrativa cuando dirigía la Fiscalía Ministerio entre 2016 y 2020.

“El tribunal ha entendido lo que hemos expresado en este proceso, que la Operación Medusa es un caso de corrupción sin precedentes en los países de la región y en República Dominicana, obviamente”, dijo el Fiscal General Adjunto Wilson Camacho, jefe de la Fiscalía Especializada en la Fiscalía Anticorrupción Administrativa (Pepca).

“La medida de coerción se ha mantenido y se ha mantenido porque hemos demostrado ante el tribunal que Jean Alain Rodríguez Sánchez se ha comportado, desde antes de ser procesado, y durante todo el proceso y hasta el día de hoy, de intentar obstaculizarse a sí mismo”. dijo Camacho, al responder preguntas a los periodistas que cubren la fuente judicial.

Argumentó que el imputado “busca evitar, en primer lugar, que sea investigado y ahora que el proceso pueda avanzar”, asegurando que la única medida coercitiva que puede garantizar la presencia de Rodríguez Sánchez en el resto del proceso es la prisión preventiva. como ha entendido el tribunal.

Respecto a la amenaza a testigos por parte de los imputados, manifestó que “hoy entregamos al juzgado documentación sobre las presiones y amenazas que se han realizado a testigos, el Ministerio Público, y que se ha tomado como base para mantener la medida de coacción”. “.

“No discutimos, probamos lo que decimos”, enfatizó, indicando que Rodríguez Sánchez materializa sus amenazas de diversas maneras.

Respecto a las alegaciones del imputado respecto a su salud, recordó: “Es que, como he dicho, como acabo de decir, todo el que alegue un hecho en la justicia debe probarlo. En este juzgado, ni en ninguno de los demás juzgados, no se ha presentado prueba de enfermedad grave y terminal, según lo establece el Código (Procesal Penal) para que se varíe la medida de coacción.”

Dijo que por ello el juzgado hoy se ha pronunciado con base en lo que se le ha presentado, “no se le han presentado presupuestos, se le presentó la información proporcionada por el Ministerio Público, lo demás era documentación incapaz de ser utilizada como presupuesto para que se varíe la medida de coacción y es por ello que en derecho se ha mantenido la medida de coacción, que es la solución jurídica correspondiente”.

Durante la audiencia, Camacho pidió mantener la medida de coacción privativa de la libertad tras argumentar que la gravedad de los hechos no ha variado, que el peligro de fuga sigue latente y por los esfuerzos de los imputados por intentar entorpecer el proceso.

Argumentó que estas son razones más que suficientes para que el tribunal de justicia mantenga la medida de coacción consistente en la prisión preventiva, destacando que es proporcional a los hechos que se le imputan y al daño que debe indemnizarse.

Además, dijo que es la medida que asegura la presencia del imputado en la etapa actual del proceso en la audiencia preliminar y en las demás etapas posteriores.

Camacho representó al Ministerio Público junto a Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, durante la audiencia que por razones de espacio se realizó en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El juez Amauri Martínez, del Juzgado Tercero de Instrucción del Distrito Nacional, resolvió acoger la solicitud del Ministerio Público de mantener en prisión al imputado que cumple con la coacción en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Con la decisión judicial, el imputado y su defensa fracasan nuevamente en sus intentos por lograr la libertad, como ha ocurrido en distintos juzgados desde el inicio del proceso el año pasado.

El juez Martínez fijó para el 17 de enero de 2023, a partir de las 9:00 de la mañana, la próxima audiencia de revisión obligatoria de coacción.

La fiscalía acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir una red de corrupción administrativa que fue desmantelada el año pasado con la Operación Medusa.

Los imputados en el Caso Medusa enfrentan cargos penales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de delincuentes y fraude al Estado. También, por cohecho, delitos y delitos de alta tecnología y blanqueo de capitales.

En este caso, el Ministerio Público presentó una acusación en un tomo de 12.274 folios, acompañada de más de 3.500 pruebas, incluidos más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas y 22 empresas.

Por el caso, el exdirector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, también cumple prisión preventiva en el citado penal; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

Mientras que Jenny Marte Peña, exjefa de Proyectos, se encuentra bajo arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora Administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se adelanta contra el exasesor Miguel José Moya, a quien se le impuso una garantía económica de un millón de pesos en forma de contrato con una compañía de seguros, impedimento de salida del país y presentación periódica.

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